Hoy, las instituciones de educación superior se encuentran en un escenario de exigencias crecientes. Por un lado, enfrentan un ecosistema regulatorio de una complejidad sin precedentes; por otro, lidian con una comunidad educativa que legítimamente demanda respuestas expeditas y eficaces. En este contexto, el reto para las secretarías generales o áreas jurídicas no radica únicamente en el cumplimiento estricto de la norma, sino en la capacidad de hacerlo con oportunidad, eficiencia, agilidad y transparencia, transformando la labor legal y normativa en un motor de confianza institucional.
El día a día es intenso para quienes integramos las áreas jurídicas y regulatorias. A menudo, los procesos instalados generan una carga administrativa que nos obliga a actuar como unidades reactivas, impidiéndonos avanzar hacia el análisis de alto valor, la prevención de riesgos y la anticipación a los cambios del panorama legal. En este contexto, y también con el objetivo de optimizar el tiempo para que nuestra gestión sea un facilitador de la gestión institucional y no un “cuello de botella”, es que conceptos como modernización, digitalización, automatización y tecnología cobran especial relevancia.
